A través de un documento de propuestas remitido a Interior, el CERMI resalta que la introducción de medidas inclusivas y de accesibilidad de las personas con discapacidad en el Sistema de Protección Civil debe constituir una prioridad que ha de ser tenida en cuenta en esta nueva Ley.

 

Así lo hace la vigente Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil, en sus artículos 1.1 y 9 e), incorporados por la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que, en el texto del anteproyecto de sistema nacional de protección civil, no han sido considerados ni en su letra, claramente mejorable, ni en su espíritu.

 

Solo un sistema de protección civil que tenga en cuenta que las personas con discapacidad tienen necesidades específicas a la hora de planificar y ejecutar las medidas de protección y prevención, incluidas las de información y recepción de las medidas por dichas personas, garantiza su universalidad. Es evidente que si las medidas de protección en caso de emergencia no contemplan dichas necesidades todo el Sistema tendrá una laguna que afecta a un grupo que representa un 10 % de la población y más de cuatro millones de personas en España.

 

Esta realidad, además, se ha reconocido y plasmado en una norma que, ratificada por España, es jurídicamente obligatoria, como es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 11 se dedica a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias.